Un síntoma que crecerá en el 2005
El proceso de luchas salariales que se ha dado en los últimos meses del 2004 constituye un nuevo dato de la situación política argentina. Su importancia no reside tanto en la cantidad y extensión de los conflictos en curso, que por ahora no llegan al nivel de un ascenso huelguístico. Lo fundamental es que la clase trabajadora sindicalizada, que se había mantenido en la retaguardia de la lucha de clases en el último período, comienza a mostrar una mayor actividad. La dirección de esos conflictos no recayó, en general, en manos de los burócratas de la CGT, sino en cuerpos de delegados, seccionales recuperadas y sindicatos con importante participación del activismo y la base. Estas luchas fueron precedidas por un proceso incipiente de recuperación sindical, montado sobre las exigencias democráticas de la base y el repudio y desprestigio enormes que sufren las burocracias sindicales históricas. Como editorializó Pasquini Durán en Página 12: “Desde sus respectivos puntos de vista, tanto para el gobierno como para la CGT, el nuevo sindicalismo expuesto en las últimas semanas-¿embrión quizás de un fenómeno más amplio?-producen resplandores de advertencia. Lo cierto es que algo distinto, renovado, un aire nuevo comenzó a circular desde las bases del movimiento obrero (lástima aquellos que vendieron los manuales sobre las clases sociales pensando que ya eran inútiles por anacrónicos) y habrá que esperar para saber hasta donde llegan esos vientos”. No fue el único que lo advirtió. La tendencia a las luchas por recomposición salarial irá creciendo durante todo el 2005. Esto inquieta al gobierno y a los dirigentes de la CGT que mediante los aumentos por decreto y la contención sindical para “impedir desbordes” se anticipan a un proceso que ven como inevitable y que quieren controlar.
Pauperización, crecimiento y lucha salarial
Mientras el salario real (poder de compra) ha disminuido en un 25% aproximadamente, el salario como costo laboral empresario ha caído en un 30 o 40% de acuerdo a la rama de producción. Es una constante que después de cada crisis la recuperación no alcanza del todo a la clase obrera, que siempre termina perdiendo algo. Así ocurrió luego de la hiperinflación del ’89 o del efecto tequila del ’95 donde la recuperación del salario fue menor que la caída, pero en ningún caso este fenómeno ha sido tan pronunciado, claro y persistente como en la actualidad. Las luchas salariales comienzan a cuestionar justamente esta situación de enormes pérdidas para la clase obrera y se dan por primera vez acompañadas de un desempleo que no baja del 18%, aún con un crecimiento del 8% anual como el del 2004. El desempleo de masas dificulta la lucha salarial, y por eso ésta ha comenzado a crecer casi tres años después de la devaluación, cuando el crecimiento ya lleva un 18% acumulado, se crean nuevos puestos de trabajo (aproximadamente 800 mil), y hay menos temor al desempleo. Las luchas por recomposición salarial en algunos sectores de los servicios privados y en mucha menor medida en la industria, vienen a sumar a este sector fundamental de la clase trabajadora a los que fueron vanguardia en los años precedentes: el movimiento de desocupados y los trabajadores del estado, tanto de la administración como de la educación y la salud, dos sectores que protagonizaron casi ininterrumpidamente durante los años ’90 luchas defensivas relacionadas a la defensa presupuestaria frente a los constantes ajustes fiscales promovidos por las políticas fondomonetaristas.
La paritaria como instrumento de contención
Al gobierno le gusta posar de “arbitro”, e incluso de “amigo” de los trabajadores, pidiendo “por favor” a los empresarios que aumenten los sueldos. Pero esto no puede camuflar su verdadera política, que es encauzar y contener el reclamo salarial, impidiendo las huelgas mediante las negociaciones colectivas con los sindicatos oficiales. Si esto falla la fórmula es sencilla: intentar aislar los conflictos, enfrentarlos con la opinión pública (como en el caso de los servicios) y amenazar con la ilegalidad. Esto fue evidente en conflictos “atípicos” encabezados por direcciones antiburocráticas (subtes o ferroviarios) o por sindicatos donde los dirigentes cegetistas tienen peso pero deben convivir con otras tendencias y la participación de la base es muy importante (telefónicos). En estos casos la toma de edificios o el piquete en las vías, como método radicalizado de reclamo obrero, causó una alarma indisimulada en el gobierno. Igual que con el movimiento piquetero pretendió aislar a los sectores de vanguardia. En este marco el aumento por decreto de 100 pesos, por el que tanto chilló la UIA, no es más que una medida preventiva elemental para intentar evitar la extensión del conflicto salarial. Sin embargo, donde este doble discurso resalta en toda su magnitud es al constatar la austeridad salarial en la propia función pública. El estado alcanza superávit fiscales inéditos exigidos por los acuerdos con el FMI, y mientras tanto el salario estatal, junto al de los trabajadores en negro fue, en términos reales, el que más cayó desde la devaluación. No obstante algunos acuerdos precarios en el ámbito público, la presión salarial seguirá existiendo, tanto en docentes como en la administración nacional, provincial y municipal, sobre todo si los índices de inflación volvieran a subir como consecuencia de un mayor crecimiento de la economía, la inyección de dólares del turismo o incluso de un aumento del crédito como consecuencia de la salida del default. En este plano resalta la actitud cómplice de los dirigentes de la mayoría de los sindicatos del estado, enrolados en la CTA, que han prodigado los mayores elogios para el presidente y hacen todos los esfuerzos por garantizar la paz social, a pesar de la indignación de sus bases. Por su parte la burocracia de la CGT en sus diversas alas, se ha unido para asegurarle al gobierno acuerdos negociados por sector o rama, sin necesidad de conflictos salariales. Este ha sido el caso de la gran mayoría de los acuerdos alcanzados, asegurando una disminución del salario real para el conjunto de los trabajadores. De 130 discusiones salariales solamente dos tuvieron repercusión pública y acciones de lucha para lograr aumentos, el resto son negociaciones de trastienda. El aumento de la UOM de 150 pesos o los 100 pesos en la administración provincial están indicando la insuficiencia de los aumentos y la constante e ininterrumpida tendencia a la pauperización general de la clase trabajadora.
Nuevos sectores de la clase trabajadora
Lo distintivo de este movimiento fueron los conflictos más resonantes de un proceso más general: las luchas de telefónicos y Subtes, precedidas por el conflicto en las seccionales opositoras de la Unión Ferroviaria. Sus características son sintomáticas de un sector fundamental de la nueva clase trabajadora Argentina: el sector de los servicios públicos privatizados. En primer lugar porque controlan estratégicamente el flujo del transporte, las telecomunicaciones y otros servicios esenciales, cuya paralización afecta no sólo a los millones de usuarios, sino que eventualmente puede hacerlo con el comercio y la circulación de mercancías, y si se incluye la energía, también la producción. Se trata de una gran mayoría de nuevos trabajadores que no vivieron la derrota y el despido con las privatizaciones. En el Subte, la inmensa mayoría de los activistas y delegados entraron a trabajar después de la concesión a Metrovías, en el año ’94. Gran parte de los sectores más combativos de los trabajadores telefónicos lo componen jóvenes trabajadores que comenzaron como pasantes universitarios y que mediante la toma de edificios y una lucha constante lograron ser incorporados a la planta de los permanentes. Son dos de los muchos sectores de la clase trabajadora cuyos lazos político - ideológicos con el peronismo son débiles, tanto por tradición familiar como por filiación política en el presente. Son parte de un nuevo proletariado urbano con poca experiencia sindical, influenciado social e ideológicamente por el proceso abierto en el 2001, con contacto permanente con otras capas de la población explotada, como la clase media empobrecida, los estudiantes o los desempleados, porque en gran parte provienen de allí. Es por ese motivo que en un caso la izquierda, independiente o partidaria (subtes), tiene una influencia fundamental y en otro (FOETRA), los dirigentes sindicales de la CGT no pueden mandar mediante los estatutos que imponen en otros gremios y deben compartir la dirección con la CTA y la izquierda, aceptando (sufriendo) elementos de democracia muy fuerte como las asambleas por edificio y generales.
Las huelgas de servicios
La clase trabajadora no está separada y concentrada en barrios industriales que rodean la fábrica y se separan de la gran ciudad, como en la primera mitad del siglo e incluso como en parte sucedía con la industria metalúrgica y automotriz en los años ’70. Hoy se reúne en una proporción importante en torno a megalópolis gigantescas. Una huelga en los servicios públicos afecta a millones de personas. Así fue la huelga francesa de los empleados públicos y el transporte del año ’95. Por eso la acción militante debe ser pensada como lucha metropolitana, como conflicto de toda la ciudad. Al mismo tiempo, por su ubicación estratégica, los trabajadores de los servicios son bien pagos si se los compara con la mayoría de los asalariados, están en efectivo, son sindicalizados, trabajan menos horas, etc. Esto facilita su capacidad de lucha pero también es utilizado por los empresarios y el gobierno para separarlos del conjunto de la clase trabajadora, cuyo promedio de ingresos es de 540 pesos y trabaja más de 10 horas diarias, mostrándolos como privilegiados. Este proceso que definimos como dualización del mercado laboral, es un dato de la nueva realidad de la condición proletaria y exige como no lo había exigido en toda la historia de la clase trabajadora, que ésta se vuelva cada vez más hacia las masas explotadas de conjunto, conquistando aliados y construyendo alianzas sociales y políticas que tiendan a la unidad de intereses. La huelga de servicios no solamente paraliza la actividad sino que plantea de forma inmediata una lucha política por la apropiación colectiva de los bienes sociales disponibles, que exigen, por ser imprescindibles para la vida de todas las personas, ser sustraídos a la ganancia empresaria. Conflictos reivindicativos en estos sectores ponen en cuestión la relación entre el reclamo del trabajador en tanto productor y del trabajador en cuanto consumidor y plantea la necesidad de la desmercantilización de los bienes sociales primordiales, como el agua, la energía o el transporte. Ante cada lucha que se da en este sector se hace imprescindible un planteo político de la clase trabajadora que supere el estrecho interés corporativo y busque ganar el apoyo del conjunto de las clases explotadas. Planteos programáticos como el rechazo al aumento de las tarifas, las condiciones del servicio, la renacionalización de las empresas privatizadas y el control de trabajadores y usuarios sobre las empresas pueden jugar un gran rol ante las masas populares que visualizan a estas corporaciones como agentes de la pobreza y la bancarrota nacional.
Preparación previa
Hay elementos de recomposición sindical que salieron a luz ante los nuevos conflictos pero que hablan de algunos años de preparación previa. Esta preparación estuvo marcada por la recuperación de organizaciones democráticas de los trabajadores donde ya no todo pasa por la decisión de los Secretarios Generales. Subterráneos y su cuerpo de delegados es el mejor ejemplo de este elemento de recomposición, aunque en distintos gremios se ha comenzado a vivir la posibilidad de votar en asamblea, de elegir nuevos delegados, etc. El surgimiento de los cuerpos de delegados comienza a ser parte de una nueva militancia obrera aún incipiente (que se pudo ver también en el proceso de fábricas recuperadas y en el surgimiento de las corrientes militantes de desocupados). En el subte, en el año 2000 los delegados antiburocráticos eran minoría. En septiembre último ganaron con el 80 % de los votos. En Foetra, Claudio Marín, dirigente referenciado con la CTA reporteado por el diario Página 12, calcula que hay un 10 % de activistas, 350 delegados y otro tanto que participa en la vida gremial. La existencia de este activismo es lo que posibilita medidas de lucha como tomas de edificios o cortes de calles o vías. El cuerpo de delegados de Metrovías ha tenido el mérito estratégico de haber lanzado el planteo de un movimiento nacional por la jornada de 6 horas. Ferroviarios fue parte de la coordinadora de Salvemos al Tren que en el proceso posterior a las jornadas del 2001 le permitió confluir y pelear en común con las asambleas barriales. La UF - Haedo ha dado lugar a un activismo combativo que defendió al cuerpo de delegados de las maniobras de la burocracia y ha sido capaz de garantizar un paro contra Pedraza y sus socios. Los telefónicos fueron parte de la pelea por los pasantes que permitió que al salir a la lucha salarial no hubiera en el gremio trabajadores precarizados.
El papel de los socialistas revolucionarios en el proceso de recomposición de clase
La tarea para los socialistas no puede limitarse a apoyar las luchas en curso. Esto es algo que la izquierda tiene ya como reflejo inmediato. Tampoco puede limitarse a contribuir a su coordinación, aunque esto sea importante. Esto último, de hecho, es una conquista, como se vio en el gran apoyo recibido por el subte y telefónicos o en le propio paro de solidaridad que los primeros anunciaron en apoyo a los ferroviarios cuando estos fueron encarcelados. Aunque las luchas sindicales en el período histórico actual tienden a ser eminentemente políticas, la actual ronda de conflictos posee, sin embargo, un marcado contenido estrictamente reivindicativo. En estos marcos y bajo el control esencial de la burocracia dirigente, los mismos no necesariamente son incompatibles con el gobierno de Kirchner. Se trata, en consecuencia, de estructurar las luchas en torno a una salida política de conjunto, que apunten a las ganancias capitalistas y al plan económico del gobierno, como lo venimos sosteniendo con el movimiento por la reducción de la jornada laboral a 6 horas; que se fusionen con la lucha ciudadana contra las empresas privatizadas y su voracidad empresaria; que se propongan reconstruir las organizaciones democráticas y de lucha de los trabajadores ocupados en común con los trabajadores desempleados sobre bases clasistas y anticapitalistas.
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